Dos huelgas de hambre que tienen lugar en este momento sin relación entre sí están comprometiendo la imagen de Marruecos en uno de los temas que el Gobierno considera más sensible: el respeto a los derechos humanos.
El caso más mediático y que ha merecido un editorial muy crítico del diario estadounidense The New York Times es el de Maati Monyib, un historiador izquierdista y fundador de la organización pro libertad de prensa Freedom Now.
Monyib se declaró en huelga de hambre el 7 de octubre en protesta porque las autoridades le han prohibido ya en dos ocasiones abandonar el país mientras se investigan las irregularidades contables de un centro de estudios que dirigió en el pasado.
Apoyado por un activo comité donde se cuentan los mismos activistas que en julio defendieron a otro notorio huelguista de hambre, Ali Lmrabet, Monyib prosigue su protesta en los locales de la combativa Asociación Marroquí de Derechos Humanos.
El secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, oficial), Dris Yazami, se ha interesado por su caso y ha recibido al comité de apoyo, pero dijo hoy a Efe que no tiene poder para intervenir por él y debe en cualquier caso “respetar la independencia del poder judicial”.
Según Yazami, el juez tiene la potestad de prohibirle salir del país mientras se investiga su caso, por lo que no queda sino esperar el final de la fase de instrucción del caso.
Del mismo modo se expresó el ministro de Comunicación, Mustafá Jalfi, en la rueda de prensa semanal, negándose a comentar un caso que se encuentra “sub iudice”.
El comité de apoyo considera que la prohibición de salida del país es una medida excesiva que en el fondo busca acallar una de las voces disidentes en Marruecos, tanto al frente de Freedom Now como de la Asociación Marroquí de Periodistas de Investigación (AMJI, siglas en francés).
Otro miembro de la AMJI llamado Hicham Mansuri está en la cárcel por un delito de “adulterio” y a un tercero también se le ha prohibido abandonar el país.
El caso de Monyib se suma al de otro preso también en huelga de hambre, Ali Aarrás, un belga-marroquí nacido en Melilla y extraditado por España a Marruecos en 2012, que cumple una condena de doce años por un delito de colaboración con una banda terrorista.
En ayuno desde el pasado 25 de agosto, es uno de los casos emblemáticos elegidos por Amnistía Internacional (AI) en el mundo para ilustrar su campaña Stop Tortura.
El Gobierno marroquí solo se ha pronunciado a través de un comunicado de la Dirección General de Prisiones, que el martes afirmó que la huelga de hambre de Aarrás “es solo fingida” y que se trata más bien “de una forma de ejercer presión a la Administración con el objetivo de obtener privilegios ilegales e inducir al error a la opinión pública”.
Aarrás ya se ha declarado en seis ocasiones en huelga de hambre, asegura que es inocente y ha denunciado en repetidas ocasiones haber sido objeto de torturas, la última de ellas en un vídeo grabado con un teléfono móvil este mismo mes en el que mostraba su cuerpo con moratones y acusaba a varios carceleros de la prisión de Salé con nombre y apellidos.
El vídeo fue posteado por un comité belga promovido por familiares y amigos de Aarrás, que están llevando una activa campaña en apoyo de este presunto islamista, encarcelado en un país donde nunca residió pese a tener la nacionalidad.
Pese a todo, las huelgas de hambre de Monyib y Aarrás no son tan mediáticas ni tienen la misma repercusión internacional que las que en el pasado han tenido la de personalidades como Aminatu Haidar o el propio Lmrabet, que pusieron al régimen marroquí bajo la lupa internacional.
Pero en un momento en que Marruecos tiene una favorable imagen comparado con un entorno árabe convulso, “esta reputación se ve amenazada por la campaña del Gobierno de intimidación a periodistas y grupos pro derechos humanos”. No lo dice el comité de apoyo a Monyib o a Aarrás; lo dice el New York Times.
